Un precandidato presidencial que recorre carreteras rurales hoy debe esperar hasta seis meses por un vehículo blindado que el Estado ya tiene presupuestado pero no puede comprar. La paradoja es total: mientras el dinero está disponible, el mercado nacional responde con silencio. Cuatro licitaciones consecutivas han fracasado por falta de oferentes, dejando al descubierto una falla estructural que pone en riesgo la seguridad democrática.
Por primera vez en la historia electoral colombiana, el problema no es la escasez de recursos sino la incapacidad del sistema para convertirlos en protección real. El Ministro del Interior, Armando Benedetti, lo confirmó tras una reunión de urgencia del comité de protección: aunque existen los fondos, solo un proveedor se presentó a uno de los cuatro procesos de licitación para blindados. ¿Cómo se explica que nadie quiera vender cuando hay comprador seguro?
Mientras tanto, en regiones como el Catatumbo o el Caquetá, los precandidatos enfrentan un dilema cruel: avanzar con escoltas pero sin movilidad blindada o paralizar sus campañas. Están dando papaya en territorios donde los grupos armados siguen operando. La protección móvil se ha convertido en un bien más escaso que el mismo financiamiento electoral.
El dato es elocuente. La Unidad Nacional de Protección ha destinado 82 vehículos blindados y 33 convencionales para 59 precandidatos presidenciales. Insuficiente. Para cubrir el déficit, las fuerzas militares han desplegado 15.000 efectivos que custodian día y noche a los aspirantes. Pero esta solución es un parche. ¿Es sostenible mantener semejante operativo durante toda la campaña?
Lo cierto es que el problema viene de lejos. En elecciones pasadas, los candidatos se quejaban de falta de presupuesto. Hoy el dinero sobra pero el mercado de blindaje muestra una concentración alarmante. Solo un puñado de empresas domina la técnica y logística requerida, creando un cuello de botella que el Estado no anticipó. La UNP ahora reconoce que subestimó la demanda real cuando comenzaron las precampañas.
El director de la entidad, Augusto Rodríguez, lo admitió sin rodeos: hay una avalancha de solicitudes que supera cualquier proyección. Pero la solución no llega. Mientras los precandidatos al Congreso suman sus propias necesidades, el reloj corre en contra de la seguridad.
Esto no es un problema logístico. Es de vida o muerte.
La dependencia de un monopolio de blindaje preocupa a expertos. Si solo una empresa controla el mercado, ¿qué garantías hay de que los precios no se disparen? ¿O de que los tiempos de entrega no se alarguen indefinidamente? El Estado está entre la espada y la pared: necesita protección inmediata pero no puede crear competencia de la noche a la mañana.
Más de mil servicios de protección se han activado usando recursos militares, pero los blindados siguen siendo el eslabón perdido. Un precandidato en Nariño contó cómo debe planificar sus desplazamientos con semanas de anticipación, coordinando con el Ejército porque su blindado prometido no llega. Así no se puede hacer campaña. Así se pone en riesgo la democracia.
El Gobierno promete un plan de acción inmediato, pero los meses de espera ya están causando estragos. La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿estamos protegiendo las instituciones o exponiendo a quienes las representan? El dinero está. La voluntad política parece estar. Pero los blindados no aparecen.
Mientras el Estado busca respuestas, los precandidatos siguen en la olla, esperando que el mercado reaccione o que la inventiva institucional encuentre alternativas. La próxima vez que un candidato recorra una carretera secundaria sin blindaje, recordemos que no es por pobreza presupuestal. Es por una falla de mercado que podría costarle caro al país.