María Soledad Rodríguez podrá ver crecer sus cultivos de café desde la misma ventana de siempre. Su casa en la vereda El Progreso de Medina se derrumbó durante el sismo del 8 de junio, pero a diferencia de miles de campesinos en emergencias pasadas, ella no tendrá que migrar a la ciudad. Por primera vez en la historia de las reconstrucciones en Colombia, el gobierno destinó el doble de viviendas para zonas rurales que para cabeceras municipales.
Esta inversión de $37.879 millones representa un giro copernicano en la gestión de desastres. Mientras tradicionalmente las reconstrucciones concentraban recursos en centros urbanos, obligando al campesinado a abandonar sus tierras, ahora 200 familias rurales de Medina y Paratebueno recibirán viviendas sismorresistentes en sus propias veredas. Solo 100 se construirán en áreas urbanas.
El cambio es radical. Durante décadas, las emergencias naturales funcionaron como acelerador del éxodo campesino. Familias que perdían todo terminaban hacinadas en ciudades, vendiendo sus tierras a precio de gallina flaca. Esta vez la lógica se invierte.
¿Pero qué garantías existen? La memoria de Mocoa pesa como una losa. Siete años después de la tragedia, muchas familias siguen esperando viviendas definitivas. Mientras tanto, la UNGRD -encargada de ejecutar estos recursos- arrastra múltiples investigaciones por corrupción. El ministro de Hacienda Germán Ávila asegura que habrá veeduría ciudadana y acompañamiento del Servicio Geológico Colombiano.
Las dudas son comprensibles. El historial colombiano en reconstrucciones es un ají picante. El terremoto del Eje Cafetero en 1999 demostró que se puede hacer bien, con participación comunitaria. Otros casos han sido un saludo a la bandera.
Esta vez prometen estándares técnicos irrebatibles. Estudios de suelo, levantamientos cartográficos y diseños sismorresistentes. Las 84 viviendas completamente destruidas y las 319 con daños estructurales serán reemplazadas por hogares seguros.
La selección de beneficiarios será el primer examen. Con 403 familias afectadas y solo 300 viviendas iniciales, 103 quedarán fuera. El criterio debe ser transparente como el agua de manantial. La Gobernación de Cundinamarca aportará 168 viviendas adicionales, pero el tiempo apremia.
Cinco meses después del sismo recién se anuncian los recursos. Las familias llevan medio año en albergues temporales. El invierno no perdona.
Transformación.
Este modelo podría replicarse en futuras emergencias. Si funciona, marcará un antes y después en la relación entre Estado y campo colombiano. No se trata solo de reconstruir casas, sino de tejer nuevamente el frágil entramado social rural.
Las 30 sedes educativas dañadas y los dos comedores comunitarios completan un paquete que busca recuperar integralmente el territorio. Es poner el hombro donde antes solo había discursos.
El reto es monumental. Pero por primera vez, el campesino no está solo en la lucha. Tiene un techo garantizado en su tierra. Tiene raíces que no serán arrancadas.
Eso no tiene precio.