El aporte de los empleados al sistema de salud pasaría del 4 al 8 por ciento para los sueldos más altos, y quienes ganen entre 3 y 4,7 millones de pesos mensuales empezarían a pagar una tarifa de renta del 9 por ciento. Son dos de las medidas centrales del proyecto de reforma tributaria y ajuste fiscal que el gobierno de Abelardo De La Espriella radicó esta semana en el Congreso, con 106 artículos y un recaudo estimado de al menos 41 billones de pesos, el doble de la reforma aprobada en 2022.
El mismo texto ordena un recorte del 20 por ciento en gasto de nómina, del 50 por ciento en contratistas y facultades extraordinarias para fusionar ministerios. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, justificó la iniciativa como la salida a la crisis fiscal heredada de la administración de Gustavo Petro. “Nos dejaron una bomba de tiempo”, afirmó. Según el funcionario, sin este ajuste no habría forma de financiar el presupuesto del próximo año ni de frenar el crecimiento de la deuda externa, que está en su punto más alto.
La propuesta reduce las rentas laborales exentas de 41 a 32 millones de pesos y el umbral de rentas exentas de 70 a 61 millones. Elimina los beneficios tributarios por dependientes y aplica retención en la fuente desde los 3,4 millones de pesos mensuales. También lleva al 19 por ciento el IVA de frutas, insumos agrícolas, café, azúcar, chocolate, aceite, pastas, computadores, tabletas, bicicletas eléctricas y celulares de bajo valor, y sube el IVA de licores del 5 al 19 por ciento, una medida que desde las regiones advierten que afectaría los ingresos departamentales. A cambio, devolvería la totalidad del IVA pagado por los sectores de menores ingresos.
En el Congreso el ambiente es menos receptivo de lo que sugiere la mayoría oficial. El proyecto llega a mes y medio del cierre de sesiones ordinarias y con dos ministros, Hacienda y Alejandro Ordóñez en Interior, sin experiencia en el trámite legislativo. Congresistas veteranos advierten que el Ejecutivo necesita mejorar la comunicación con las bancadas si quiere evitar errores como los de la conciliación del Presupuesto o la falta de control sobre lo aprobado en la reforma pensional.
El Centro Democrático, el partido más importante de la coalición y segunda bancada en el Congreso tras el Pacto Histórico, ya envió señales en contra de los impuestos. El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, dijo que “los colombianos no aguantan un impuesto más”. El senador Andrés Forero anunció que apoyará la reducción del gasto y la fusión de entidades, pero no las disposiciones tributarias. Gabriel Vallejo, presidente del partido, reivindicó un Estado pequeño, austero y con bajos impuestos. En el Partido Liberal, Héctor Olimpo Espinosa advirtió que no aceptarán financiar el rescate con recursos de las regiones. El conservatismo, a través de Efraín Cepeda, reconoció que el proyecto es necesario pero anticipó que presentará propuestas alternativas.
El Pacto Histórico rechaza el ajuste y comienza a agitar el fantasma de otro estallido social. El exministro Juan Camilo Restrepo anticipó que el Gobierno no puede ocultar que algunas normas golpean directamente a las clases medias, lo que dará municiones a una oposición feroz en un escenario de mayorías precarias. Quedan poco más de siete semanas, con la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista en la misma agenda, para que el Ejecutivo defina si negocia los artículos más dolorosos o arriesga la primera prueba real de su coalición.