El bombardeo del 30 de octubre contra un campamento del ELN en el estado venezolano de Apure buscaba, entre otros objetivos, forzar el desplazamiento de los integrantes de esa guerrilla asentados en la frontera con el Vichada colombiano.
Según reportes de prensa, después de la operación se han registrado movimientos de miembros del ELN hacia otros sectores de Venezuela. Hasta ahora no se ha detectado su ingreso a Colombia, pese a la cercanía del punto atacado con la línea divisoria.
El ataque ocurrió en el municipio Pedro Camejo, una zona rural donde el ELN mantiene presencia y que, según organizaciones que monitorean grupos armados en Venezuela, se usa para almacenar y mover cargamentos de droga. FundaRedes y fuentes regionales señalan que el campamento bombardeado funcionaba como centro de acopio de estupefacientes de esa guerrilla.
Los primeros reportes indican que la ofensiva se ejecutó con drones militares, pero el gobierno venezolano no ha presentado una versión oficial sobre las circunstancias de la operación. Fuentes en territorio venezolano afirman que la acción contó con participación de inteligencia de Estados Unidos y equipos como drones, en una modalidad similar a la operación de junio contra el Tren de Aragua que mató a su máximo líder, alias Niño Guerrero. Esa versión tampoco ha sido confirmada por las autoridades.
Según una fuente citada por la prensa, el bombardeo también apuntaba a ubicar a alias Silvana Guerrero, quien se mueve entre Apure y Amazonas, y logró provocar los desplazamientos buscados.
Mientras se conocen detalles de lo ocurrido, medios venezolanos reportaron que al menos ocho cuerpos fueron trasladados a la morgue del cementerio municipal Luis Herrera, en San Fernando de Apure. Periodistas de la Alianza Rebelde Investiga verificaron en el cementerio y en el Hospital Pablo Acosta Ortiz las versiones sobre el ingreso de cadáveres procedentes de la zona atacada. Según los testimonios recogidos, los cuerpos llegaron entre el viernes 30 y el sábado 31 de octubre. Los trabajadores consultados dijeron desconocer la identidad y nacionalidad de los fallecidos por las restricciones impuestas sobre el manejo de la información.
FundaRedes considera que el número de víctimas podría ser mayor. La organización reportó inicialmente hasta 19 fallecidos, cifra sin confirmación oficial, y tampoco se ha establecido cuántas personas permanecían en el campamento al momento del ataque.
A esas versiones se sumó la información del diario mexicano La Jornada, que citó a un oficial militar presente en la zona. El uniformado confirmó que la operación efectivamente se registró, aunque las autoridades venezolanas no la han reconocido públicamente.
La ubicación del campamento es relevante por tratarse de un corredor fronterizo que conecta zonas rurales venezolanas con territorios colombianos donde históricamente operan estructuras del ELN. A ello se suma el interés sobre los recursos minerales presentes en esa región, considerados estratégicos para sectores industriales y tecnológicos.