La Jurisdicción Especial para la Paz imputó este martes a once excomandantes de las extintas Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en los antiguos bloques Magdalena Medio y Caribe. Entre los señalados están Rodrigo Londoño, Timochenko, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, Pastor Alape, dos integrantes del antiguo secretariado, junto a nueve cabecillas regionales.
Los otros imputados son Erasmo Traslaviña Benavides, Pedro Trujillo Hernández y Jairo Reinaldo Cala Suárez, del Bloque Magdalena Medio; y Abelardo Caicedo Colorado, Osmany Landero Fajardo, Gilberto de Jesús Giraldo David, Luis Alejandro Cuadras Solórzano, Uriel Antonio Oviedo Aldana y Héctor Enrique Hernández López, del Bloque Caribe.
La decisión se conoce en el Caso 10, que investiga los crímenes cometidos por la extinta guerrilla. Según el comunicado 142 de la JEP, la Sala de Reconocimiento documentó hechos que marcaron la historia nacional, como la toma de Chalán y el atentado con un burro bomba en Sucre en 1996, el ataque contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla en 2002, y la masacre de la finca La Duquesa en Tibú, Catatumbo, en 2004. También incluye el carro bomba contra Caracol Radio en 2010.
La Sala concluyó que los once son máximos responsables de los crímenes de guerra de homicidio, desplazamiento forzado, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, destruir o apoderarse de bienes del enemigo, dirigir ataques contra bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, matar o herir a traición, tortura, tratos crueles, violación y violencia sexual.
Asimismo, tendrán que responder ante la justicia transicional restaurativa por crímenes de lesa humanidad como asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos, violación y violencia sexual. La JEP recuerda que estos delitos no admiten perdón judicial por su gravedad.
La investigación identificó dos patrones de criminalidad. Uno fue el control social y territorial mediante persecución, asesinatos, amenazas, violencia sexual y desplazamiento forzado. El otro, los crímenes cometidos durante confrontaciones armadas.
El desplazamiento forzado aparece como el crimen más recurrente, con 263 hechos registrados. Le siguen 204 homicidios y 53 desapariciones forzadas. La Sala basó su decisión en relatos de 733 víctimas, 72 informes de organizaciones de derechos humanos, denuncias de la Fiscalía y versiones de antiguos integrantes de la guerrilla.
La investigación reconstruyó hechos ocurridos en territorios donde la presencia del Estado era escasa y la justicia ordinaria no logró avanzar debido a amenazas y asesinatos de funcionarios judiciales.
De los once imputados, solo Uriel Antonio Oviedo Aldana, alias Mañe, había sido capturado antes del acuerdo de paz.
Los excomandantes tienen plazo hasta el 8 de diciembre de 2026 para reconocer por escrito su responsabilidad o rechazar las imputaciones. Si aceptan los hechos y contribuyen al esclarecimiento de la verdad, podrán participar en una audiencia de reconocimiento y eventualmente recibir sanciones restaurativas que incluyen restricciones efectivas de la libertad, pero no cárcel. Si niegan su responsabilidad, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La decisión también busca esclarecer el paradero de 54 personas desaparecidas y responder a las demandas de verdad y justicia de las víctimas.