En los 1.065 espacios de detención transitoria y las 79 Unidades de Reacción Inmediata hay 18.824 personas recluidas en celdas con capacidad para 9.686. La sobreocupación es del 94,34 por ciento y la mayoría de los detenidos son imputados, sin condena.
En los establecimientos del Inpec la situación es menos extrema pero igual de grave: 101.543 personas para 80.992 cupos, un hacinamiento del 25,3 por ciento. Los datos los presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez en la audiencia de verificación del Estado de Cosas Inconstitucional, convocada por la Corte Constitucional. La Corte describió el panorama como desolador y reclamó acciones urgentes, la misma postura que mantiene desde que declaró ese estado en 1998.
Antes de los funcionarios habló Diana Patricia Giraldo, interna del centro El Buen Pastor de Bogotá. Denunció que durante años ha recibido proteína cruda y comida con gusanos, y que las internas no pueden elegir otra opción. Reclamó oportunidades de estudio y trabajo, pues no todas acceden a formación. “Cumplir una condena no significa dejar de ser persona”, dijo. Giraldo también recordó a los hijos de las detenidas, que crecen lejos de sus madres.
El plan oficial, según el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, es construir nuevas cárceles mediante asociaciones público-privadas y flexibilizar la ley de construcción de prisiones. Frente a la corrupción anunció inhibidores de señal y rotación de la guardia, para evitar incentivos perversos. Barreto rechazó el populismo punitivo de aumentar penas y pidió una política clara de resocialización.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, evitó precisar montos. Explicó que el Plan Nacional de Desarrollo está en formulación, que incluirá prioridades sectoriales y territoriales y el plan plurianual de inversiones. Aclaró que las regalías solo pueden usarse para inversión, no para funcionamiento de los establecimientos, y que la apropiación de recursos habilita la ejecución pero no la garantiza.
El Departamento Nacional de Planeación, citando el Conpes 4157, enlistó fechas de entrega: cárcel de Riohacha en diciembre de 2026, Pereira en abril de 2027, Sabanas de San Ángel (Magdalena) en agosto de 2027 y Barrancabermeja a comienzos de 2028.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, contó a medios que el Gobierno estudia el derecho de superficie, figura que permite a la Nación ceder a un tercero el derecho de construir o explotar un terreno suyo sin transferirle el dominio. Para aplicarla, haría falta primero un inventario de bienes ociosos del Estado. No precisó montos ni bienes. Remitió los detalles de financiación a Hacienda y anunció que el presidente dará a conocer muy pronto la estructuración de las megacárceles prometidas.
Cancino rechazó la responsabilidad del actual Gobierno en los retrasos y aseguró que no permitirá actos de corrupción ni beneficios en las prisiones.