El contrato vale 7.180 millones de pesos. Esa plata está destinada a alimentar a los estudiantes del municipio.
La Procuraduría General formuló cargos contra dos funcionarios de la alcaldía de Arauca por un contrato del Programa de Alimentación Escolar que mueve más de 7.000 millones de pesos.
Marcos Eulises Barón Ortiz, jefe de la oficina jurídica, y Yomy Vanessa Espinel Durán, secretaria de Hacienda, están en el ojo del Ministerio Público por la forma como seleccionaron a la empresa que ganó el contrato.
El problema está en los números. La empresa Servicios y Suministros de Oriente OM SAS presentó estados financieros del año 2021 cuando la ley exigía mostrar información del último año fiscal, es decir, de 2022. Los funcionarios aceptaron esos documentos viejos sin problema.
La Procuraduría Regional de Arauca encontró que los dos servidores públicos habrían violado los principios de la contratación pública. Aceptaron indicadores financieros desactualizados del único oferente que se presentó. Para 2024, las normas eran claras sobre usar información reciente.
Lo curioso del caso es que Servicios y Suministros de Oriente fue el único que se presentó a la licitación. Aun así, los funcionarios dejaron pasar documentos que no cumplían con los requisitos básicos.
El alcalde Juan Alfredo Quenza Ramos también quedó salpicado. La Procuraduría envió copias del expediente a la Fiscalía para que investiguen su posible participación en las irregularidades.
El caso pone en evidencia problemas recurrentes en la contratación del PAE en Colombia. Los recursos para alimentar a los niños siguen siendo foco de irregularidades en varios municipios del país.