Por primera vez en años, don Jesús puede abrir su tienda en el Bajo Cauca antioqueño sin calcular mentalmente cuánto deberá pagar a los grupos armados ese día. Su alivio no es casual: 5 bombardeos precisos en esta región durante 2025 han diezmado las estructuras que controlaban la extorsión. La violencia retrocede. La vida avanza.
Lo cierto es que mientras la percepción nacional habla de caos, las estadísticas cuentan otra historia. El ministerio de Defensa registra 422 combates este año, un 51% más que en 2024, con 3.315 integrantes de grupos armados neutralizados. Pero estas cifras cobran sentido cuando se traducen en calles más seguras para quienes las habitan.
¿Cómo se siente este cambio en el territorio? En 53 municipios claves como Chigorodó, Carepa y Apartadó, los homicidios se redujeron drásticamente. El terrorismo bajó 47% y las masacres 41%. Esto no es un discurso oficial. Es el respiro de comunidades que durante décadas vivieron entre dos fuegos.
Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué si hay tantos éxitos militares, la gente todavía siente inseguridad? La respuesta podría estar en la naturaleza misma del conflicto. Los grupos armados no desaparecen, se reconfiguran. Pero esta vez, la estrategia parece estar dando en el clavo al combinar operaciones contundentes con presencia estatal permanente.
En el suroccidente colombiano, las operaciones Perseo, Cordillera y Escudo del Norte han neutralizado a 616 integrantes de grupos armados. Cada día destruyen 7 laboratorios de cocaína en promedio. Los números impresionan, pero más importante es lo que significan: 126 municipios tienen ahora tasas de homicidio por debajo del promedio nacional.
El contexto histórico invita a la cautela. Durante el gobierno Duque, proyectos similares mostraron límites evidentes cuando los grupos disidentes reocuparon zonas tras los operativos. La Operación Orión en Medellín demostró que los golpes militares sin construcción estatal posterior solo ofrecen treguas temporales.
Pero hay diferencias cruciales esta vez. La creación de 7 nuevos Gaulas para combatir secuestro y extorsión -2 militares en Guainía y Vichada, 5 policiales en Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Santa Marta y San Andrés- sugiere un enfoque más integral. No se trata solo de golpear, sino de prevenir.
En Antioquia, la ofensiva ha sido particularmente efectiva. Intervinieron 834 minas, erradicaron 457 hectáreas de cultivos ilícitos -50% más que el año pasado- y las neutralizaciones aumentaron 30%, afectando directamente al ELN y al Clan del Golfo.
Transformación.
Mientras tanto, en el 33% de los municipios del país no se registran homicidios. La cifra parece abstracta hasta que se visita uno de estos pueblos y se comprueba que los niños pueden otra vez jugar en las plazas al anochecer.
El desafío ahora es no bajar la guardia. Como bien saben los campesinos de estas regiones, en materia de seguridad no se puede dar papaya. La sostenibilidad de estos logros dependerá de que la presencia estatal se mantenga y fortalezca cuando los reflectores mediáticos se apaguen.
Lo que ocurre en el Bajo Cauca y otras regiones históricamente violentas podría ser el principio de un cambio más profundo. Las armas callan. Los negocios florecen. Y don Jesús, como miles de comerciantes, puede volver a soñar con un futuro donde lo único que debe calcular son sus ganancias legítimas.