Tres personas fueron halladas dentro de la casa del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, una semana después de que él denunciara en el Senado una presunta instrumentalización de 48 mujeres contratadas por esa entidad durante el gobierno anterior. El Gobierno Nacional confirmó el ingreso al lugar de residencia del funcionario y aseguró que los tres individuos quedaron a disposición de las autoridades.
Según la versión oficial, entre los antecedentes de los detenidos figuran registros por homicidio y por ocho hurtos agravados. El Ejecutivo también informó que otra persona fue vista cerca del colegio de los hijos del director y se retiró cuando llegó la Policía, sin que alcanzara a ser identificada ni puesta a disposición.
Ríos habló el 21 de octubre en una audiencia pública de la Comisión Segunda del Senado. Allí expuso la vinculación de 48 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios al Dapre durante la administración de Gustavo Petro. El caso más conocido es el de Deyci Alejandra Jiménez Ramírez, una mujer de 26 años que contó su versión a la revista Semana y que ahora será escuchada por la Fiscalía.
El Gobierno condenó las intimidaciones contra Ríos y su familia. Pidió que las autoridades esclarezcan los hechos con celeridad y determinen si guardan relación con la denuncia ante el Senado. “Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y dormir tranquilo. Mucho menos deberían pagarlo sus hijos”, señaló el Ejecutivo en un comunicado.
La administración se comprometió a garantizar las medidas de protección necesarias para el director del Dapre y su familia. Reiteró además su respaldo a la Fiscalía para que la investigación avance sin presiones.
El pronunciamiento oficial no precisa qué evidencia vincula a los intrusos con la denuncia de Ríos. El propio Gobierno se limita a pedir que se establezca si existe alguna relación. La Fiscalía deberá verificar los antecedentes de los detenidos, el ingreso a la residencia y el episodio cerca del colegio de los hijos del funcionario.
Tampoco hay en el comunicado detalles sobre el estado procesal de las tres personas halladas dentro de la casa. La versión del Ejecutivo es la única fuente sobre lo ocurrido en la residencia del director, sin que se conozcan informes independientes de la Policía o la Fiscalía.
El caso traslada la disputa por las presuntas irregularidades contractuales del Dapre al terreno de la seguridad personal. Mientras avanza la investigación sobre la instrumentalización de mujeres contratadas por órdenes de prestación de servicios, el director Ríos queda bajo medidas de protección que no se detallan en el anuncio oficial. La Fiscalía tiene ahora dos frentes abiertos: el de los contratos denunciados y el de las amenazas contra quien los puso en público.