El Ministerio de Justicia estudia usar el derecho de superficie para financiar nuevas cárceles. Bajo esa figura, la Nación cedería a un tercero el derecho a construir o explotar predios de su propiedad sin transferirle el dominio. Lo anunció el ministro Iván Cancino ante medios, al referirse a fórmulas que van más allá del dinero del erario público y de las asociaciones público-privadas que ya avanzan.
Cancino evitó dar detalles técnicos y remitió la financiación al Ministerio de Hacienda. “Yo en los temas de financiación prefiero dejar al ministro de Hacienda”, dijo. Sin embargo, confirmó que la novedad es el derecho de superficie, una figura regulada en la normativa vigente.
Para aplicarla, el Gobierno tendría que levantar primero un censo de activos. Cancino indicó que eso “implica obviamente hacer un inventario de bienes” de la Nación y habló de “muchos bienes ociosos, como lo ha dicho el presidente de la República”. La lógica es simple: propiedades del Estado que hoy no se usan servirían de respaldo para pagar las cárceles.
El ministro no precisó montos, no dijo cuáles serían los bienes ni qué cárceles se pagarían con este mecanismo. Según él, los anuncios los hará el jefe de Estado “muy pronto”. Ese vacío de información se suma a un contexto de emergencia carcelaria: la Corte Constitucional mantiene alertas por violaciones de derechos humanos en las prisiones desde 1998 y el gobierno anterior dejó obras inconclusas.
Sobre las entregas, Cancino fijó fechas concretas. La cárcel de Riohacha se entregará antes de que termine noviembre y la de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, “mucho antes de la fecha”. Atribuyó los retrasos a la administración anterior. “Nosotros no llegamos a administrar el desorden, llegamos a arreglar el desorden que se encontró”.
El presidente, agregó, “va a terminar lo que en cuatro años no fueron capaces de terminar”. Anunció que pronto se presentarán los anuncios sobre la estructuración y la futura construcción de las megacárceles prometidas en el plan de gobierno.
Cancino también se refirió a la corrupción y al ingreso de médicos esteticistas a las cárceles, que calificó de absolutamente prohibido. Dijo que el Gobierno no va a permitir ningún acto irregular y que se debe investigar y judicializar al personal que los haya permitido, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
Por ahora, la propuesta de financiación no tiene cifras ni un inventario público de bienes. El mecanismo puede acelerar la construcción sin vender terrenos, pero deja abierta la pregunta sobre cuánto control mantendrá el Estado sobre predios entregados a terceros y quién asumirá los costos si los proyectos fracasan. La próxima movida es del presidente: presentar los anuncios que Cancino dejó en sus manos.