Un cabecilla de Los Choneros, la organización criminal ecuatoriana, pasó tres semanas hospedado en un apartamento del barrio Las Américas de Bogotá antes de ser capturado en junio de 2026. Las autoridades lo ubicaron mediante notificación roja de Interpol por homicidio, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El inmueble había sido reservado a través de una aplicación, con la intermediación de una agencia de turismo, y el hombre utilizó documentación falsa para desplazarse hasta Colombia.
El caso es uno de los que recoge un estudio de la consultora de seguridad Strategos BIP, dirigida por el general retirado de la Policía Juan Carlos Buitrago. El documento, titulado Vivienda turística en Colombia. De la informalidad a la inseguridad y evasión fiscal, fue presentado durante el congreso de Cotelco y examina cómo el alquiler de inmuebles por días o semanas facilita la operación de organizaciones delincuenciales sin despertar sospechas.
El informe advierte que la expansión de esta modalidad de hospedaje dejó al descubierto dificultades para identificar a quienes ocupan los apartamentos, establecer quiénes son sus responsables y verificar el cumplimiento de las obligaciones de registro.
Uno de los problemas más concretos es la facilidad para reservar y acceder a una vivienda sin contacto presencial con el propietario. Aunque plataformas como Airbnb tienen mecanismos para comprobar la identidad de los usuarios, el estudio sostiene que esa verificación no garantiza que todos los ocupantes queden identificados.
El riesgo crece cuando los apartamentos están dentro de conjuntos residenciales. Una reserva puede dar acceso a parqueaderos, pasillos y zonas comunes sin control sobre las personas que circulan por esos espacios. En agosto de 2024, la Policía Metropolitana de Ibagué capturó a cinco integrantes de la organización conocida como los Bukis, que utilizaba apartamentos alquilados por periodos cortos para cometer hurtos en conjuntos. Según los antecedentes recopilados por Strategos BIP, los delincuentes hacían reservas con documentos de identidad falsos, identificaban apartamentos vacíos y forzaban cerraduras para llevarse dinero, joyas y elementos de valor.
La explotación sexual de menores aparece como otra amenaza ligada a esta informalidad. El informe recoge un caso de marzo de 2026 en Medellín, cuando un ciudadano estadounidense de 46 años fue capturado en flagrancia en un inmueble de alquiler por noches en El Poblado. En la vivienda había una adolescente de 14 años contactada por una red social. El hombre fue imputado por demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, en modalidad agravada, y recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Entre 2020 y 2023 se registraron 885 delitos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes en Medellín, según información de la Fiscalía citada por el ICBF. En Bogotá, cifras de la Policía Nacional recogidas en el estudio reportan 365 casos de explotación sexual comercial de menores durante 2024, un incremento del 98 por ciento frente al año anterior.
El documento aclara que los riesgos no son exclusivos de los apartamentos turísticos. En noviembre de 2024, las autoridades de Medellín aplicaron extinción de dominio sobre siete hoteles, un inquilinato y un parqueadero en La Candelaria, presuntamente utilizados para explotación sexual de menores, tráfico de estupefacientes, homicidios y hurto de vehículos. La diferencia, según Strategos BIP, está en los controles. Mientras los hoteles suelen contar con recepcionistas que verifican a los huéspedes, muchos apartamentos turísticos operan con cerraduras electrónicas, cajas de seguridad para llaves o instrucciones enviadas por aplicaciones, lo que dificulta detectar situaciones sospechosas.
El estudio también señala el riesgo de lavado de activos mediante reservas pagadas que nunca se utilizan. El dinero ingresa al sistema financiero como si correspondiera a un servicio de alojamiento real, con intermediarios, cuentas de terceros o contratos simulados. La magnitud del problema se refleja en el desfase entre la oferta digital y los registros oficiales. Una proyección de Cotelco calcula 113.679 alojamientos ofertados en plataformas al cierre de 2025, mientras que en octubre de 2026 el Registro Nacional de Turismo tenía 76.216 viviendas turísticas activas. La diferencia es de 37.463 unidades, equivalente al 33 por ciento de la oferta digital tomada como referencia, aunque los autores aclaran que la comparación no permite establecer cuántos inmuebles operan efectivamente sin registro.
Frente a ese panorama, Strategos BIP propone fortalecer la identificación de los huéspedes al momento del ingreso, con mecanismos presenciales o remotos, y retomar la reforma del Registro Nacional de Turismo presentada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La reforma contempla cruces de información con la DIAN, las alcaldías y Migración Colombia. También plantea exigir mayor corresponsabilidad de las plataformas digitales en la validación de registros, el retiro de anuncios irregulares y la cooperación con autoridades, además de capacitar a los anfitriones para detectar casos de explotación sexual de menores y articular a Policía, Fiscalía, Migración Colombia y UIAF con los entes que vigilan el sector turístico.
Los autores precisan que los casos criminales examinados no demuestran que todos los inmuebles involucrados carecieran de Registro Nacional de Turismo. La advertencia se concentra en las fallas de identificación, supervisión y trazabilidad que las organizaciones delincuenciales pueden aprovechar.