Deicy Jiménez publicó un video de 54 segundos en el que aparece junto al expresidente Gustavo Petro. La abogada de Jiménez, Dina Luz Malo Andrade, confirmó que el material será entregado a las autoridades el 5 de noviembre para incorporarlo a la investigación contra el exmandatario. Jiménez sostiene que el video demuestra la relación que denuncia y que le permitió acceder a contratos estatales por cerca de 100 millones de pesos.
Petro respondió en su cuenta de X. Escribió: “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”. Agregó que las mujeres que trabajaron en su gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y que no merecen que se manche su nombre. Sobre el video, dijo que ningún perito lo examinó y ningún juez lo valoró. Insistió en que en el material no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Anunció que cumplirá la reserva ordenada por el magistrado y pidió a las autoridades proteger a la testigo y a quienes intervienen en el proceso. Cuestionó a quienes reproducen imágenes de la supuesta intimidad de las personas.
El abogado Alejandro Carranza firmó un comunicado con una posición más amplia. Según el texto, un fragmento sin fecha, sin lugar y sin origen verificado no constituye prueba. Su autenticidad, integridad y contexto deben establecerse dentro del proceso mediante peritaje y con garantías para todas las partes. El comunicado agrega que, aun si se confirmaran esos elementos, en las imágenes no hay un contrato, un pago o una decisión de gobierno.
La defensa también cuestiona la secuencia reciente. La diligencia ante la Fiscalía no se realizó, el abogado que representaba a Jiménez renunció y al día siguiente apareció el video en redes. Para Carranza, si detrás hay una estrategia para sustituir a los jueces por la opinión pública, corresponde a las autoridades establecerlo. Recordó a los medios que informar sobre un testimonio no exige reproducir imágenes de la vida íntima.
Jiménez denunció presuntos hechos de violencia sexual y afirmó que el entonces presidente le retribuyó favores sexuales con contratos y recursos públicos. Como respaldo, presentó documentos de acuerdos que suscribió con entidades y corporaciones oficiales, cuyo valor conjunto ronda los 100 millones de pesos. La abogada Malo Andrade denunció seguimientos ilegales y acoso contra su representada, y pidió con urgencia a la Fiscalía, la Policía y la Unidad Nacional de Protección que esclarezcan quién la sigue y la fotografía.
Jiménez ya cuenta con un esquema de protección por amenazas previas. Su anterior abogado, Andrés Felipe Caballero, renunció a la representación por intimidaciones.
El video se volvió el centro de la disputa sin que exista una valoración judicial. Jiménez lo presenta como prueba de la relación y de su origen contractual. La defensa lo reduce a un fragmento descontextualizado que no acredita ningún delito. Ambas posiciones coinciden en un punto: la testigo necesita medidas de protección efectivas.
La entrega formal del video está prevista para el 5 de noviembre. A partir de ahí, la Fiscalía tendrá que decidir si lo incorpora al expediente y si ordena un peritaje sobre su fecha, origen y autenticidad. También quedan por resolverse las denuncias de seguimientos que la abogada de Jiménez presentó ante tres autoridades distintas. El proceso contra Petro avanza entre filtraciones, renuncias y material difundido por fuera de los canales judiciales.