Alias Javi, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización ecuatoriana Los Choneros, llevaba tres semanas hospedado en un apartamento del barrio Las Américas de Bogotá cuando fue capturado en junio de 2026. Había reservado el inmueble a través de una aplicación mediante una agencia de turismo. Las autoridades ecuatorianas establecieron que usó documentación falsa durante su desplazamiento hacia Colombia.
El caso aparece en el estudio Vivienda turística en Colombia. De la informalidad a la inseguridad y evasión fiscal, elaborado por Strategos BIP, consultora dirigida por el general retirado de la Policía Juan Carlos Buitrago, y presentado en el congreso de Cotelco. El documento advierte que la expansión del alquiler por días o semanas ha dejado al descubierto dificultades para identificar a quienes ocupan los inmuebles, establecer responsables y verificar el cumplimiento de las obligaciones de registro.
En agosto de 2024, la Policía Metropolitana de Ibagué capturó a cinco integrantes de la organización conocida como los Bukis. Según los antecedentes recopilados por Strategos BIP, los delincuentes reservaban apartamentos mediante plataformas digitales con documentos falsos. Una vez dentro de los conjuntos residenciales, identificaban las viviendas cuyos residentes estaban ausentes y forzaban las cerraduras para robar dinero, joyas y elementos de valor.
La facilidad para reservar sin contacto presencial con el propietario es uno de los problemas centrales. Plataformas como Airbnb cuentan con mecanismos para comprobar la identidad de los usuarios, pero esa verificación no garantiza que todos los ocupantes sean identificados. El riesgo crece en edificios y conjuntos, donde una reserva puede dar acceso a parqueaderos, pasillos y zonas comunes sin control sobre quién circula.
El estudio también documenta el uso de estos alojamientos para la explotación sexual de menores. En marzo de 2026, un ciudadano estadounidense de 46 años fue capturado en flagrancia en un inmueble ofrecido para alquiler por noches en El Poblado, Medellín. En la vivienda había una adolescente de 14 años contactada por una red social. El hombre fue imputado por demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, en modalidad agravada, y recibió medida de aseguramiento.
Entre 2020 y 2023 se registraron 885 delitos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes en Medellín, según la Fiscalía citada por el ICBF. En Bogotá, la Policía Nacional reportó 365 casos de explotación sexual comercial de menores durante 2024, un incremento del 98 por ciento frente al año anterior.
Strategos BIP aclara que estos riesgos no son exclusivos de los apartamentos turísticos. En noviembre de 2024, las autoridades de Medellín aplicaron medidas de extinción de dominio sobre siete hoteles, un inquilinato y un parqueadero en La Candelaria, presuntamente utilizados para explotación sexual comercial de menores, tráfico de estupefacientes, homicidios y hurto de vehículos. La diferencia está en que los hoteles suelen contar con recepcionistas que verifican a los huéspedes, mientras muchos apartamentos turísticos operan con cerraduras electrónicas, cajas de seguridad para llaves o instrucciones enviadas por aplicaciones.
El documento también advierte sobre el lavado de activos mediante reservas ficticias pagadas pero nunca utilizadas, con intermediarios o cuentas de terceros. Y expone una brecha en los registros: una proyección de Cotelco calcula 113.679 alojamientos ofertados en plataformas al cierre de 2025, frente a 76.216 viviendas turísticas activas en el Registro Nacional de Turismo en octubre de 2026. La diferencia es de 37.463 unidades, equivalente al 33 por ciento. Los autores precisan que la comparación usa fuentes y periodos distintos, por lo que no permite establecer cuántos inmuebles operan sin registro.
Frente a este panorama, Strategos BIP propone fortalecer la identificación de los huéspedes al ingreso, retomar la reforma del Registro Nacional de Turismo con cruces de información de la DIAN, las alcaldías y Migración Colombia, y exigir mayor corresponsabilidad de las plataformas en la validación de registros y la cooperación con las autoridades. También recomienda capacitar a los anfitriones para detectar explotación sexual y examinar comportamientos atípicos en precios, ocupación e ingresos sin asumir que constituyen delitos.
El estudio concluye que los casos examinados no demuestran que todos los inmuebles involucrados carecieran de Registro Nacional de Turismo. La advertencia se concentra en las fallas de identificación, supervisión y trazabilidad que organizaciones delincuenciales pueden aprovechar.