Deyci Alejandra Jiménez Ramírez publicó un video de 54 segundos en el que aparece con el expresidente Gustavo Petro. Lo difundió en sus redes sociales el miércoles 4 de noviembre, en medio de la denuncia que lo señala por presunta violencia sexual y por el supuesto uso de contratos públicos para obtener servicios sexuales. Su abogada, Dina Luz Malo Andrade, confirmó la existencia de la grabación y anunció que este jueves 5 de noviembre la pondrá a disposición de las autoridades para que sea incorporada a la investigación y valorada conforme a la ley.
Malo Andrade también denunció amenazas contra su representada e informó que Jiménez ya cuenta con un esquema de protección. El abogado que llevaba el caso, Pipe Caballero, renunció por las intimidaciones que recibió, según relató la jurista. La abogada pidió a la Fiscalía, la Policía y la Unidad Nacional de Protección identificar a quienes siguieron y fotografiaron a Jiménez el 3 de noviembre mientras realizaba actividades cotidianas. También exigió esclarecer quién ordenó ese seguimiento y la posterior difusión de las imágenes. “La intimidación a quienes acompañan a una víctima no puede convertirse en un medio para silenciarla”, advirtió.
El expresidente reaccionó en X la noche del 4 de noviembre. “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”, escribió. Petro afirmó que el video no ha sido examinado por peritos ni valorado por un juez, y que nadie conoce su fecha ni su origen. Insistió en que en lo divulgado no aparece un contrato, un pago ni una decisión de gobierno. Dijo que cumplirá la reserva ordenada por el magistrado y pidió protección para la testigo y para quienes intervienen en el proceso.
Su abogado, Alejandro Carranza, firmó un comunicado con argumentos similares. Sostuvo que un fragmento “sin fecha, sin lugar y sin origen verificado” no es una prueba, y que su autenticidad, integridad, fecha y contexto deben establecerse dentro del proceso mediante peritaje. Añadió que, aun si eso se estableciera, en las imágenes “no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”. Según Carranza, Petro responderá ante la autoridad judicial competente.
Las reacciones políticas mostraron dos posturas. La representante Jennifer Pedraza calificó de gravísima la presunta utilización del poder presidencial y de contratos públicos para obtener favores sexuales, y pidió que el video se examine como prueba y se proteja a Jiménez. La congresista Alexandra Vásquez sostuvo que en una relación asimétrica el consentimiento no es libre, y que lo privado se vuelve público cuando presuntamente se financia con recursos del Estado. El senador Óscar Villamizar, del Centro Democrático, exigió que la Comisión de Acusaciones investigue si hubo contratos a cambio de favores sexuales. Vicky Dávila pidió garantías de seguridad para la denunciante y su familia. La concejal Sandra Forero, en cambio, criticó al Pacto Histórico y cuestionó los méritos de Jiménez en su trabajo con la congresista María José Pizarro.
Con la entrega del video, el proceso suma un elemento que deberá pasar por validación técnica y judicial. La defensa del expresidente condiciona su valor probatorio a un peritaje. Al mismo tiempo, la abogada de la denunciante insiste en que las amenazas y el seguimiento no pueden quedar sin respuesta. Este jueves se sabrá si el material ingresa formalmente a la investigación y si las autoridades abren una línea paralela para establecer quién ordenó vigilar a Jiménez.