Un video de 54 segundos publicado por Deicy Jiménez en redes sociales no prueba que los contratos que recibió de entidades públicas fueran la retribución por favores sexuales a Gustavo Petro. La grabación, presentada por la denunciante como evidencia de su relación con el expresidente, tendrá que ser autenticada y contrastada con otra evidencia antes de tener valor en la investigación.
El material circuló después de que la diligencia de Jiménez ante la Fiscalía se aplazara por la renuncia de su abogado, quien alegó amenazas. Un día después, la mujer divulgó el video. Alejandro Carranza, defensor de Petro, señaló que un fragmento "sin fecha, sin lugar y sin origen verificado" no constituye prueba. La defensa pidió peritajes para establecer autenticidad, integridad y contexto, y recordó que en las imágenes no aparece un contrato, un pago ni una decisión de gobierno.
Jiménez sostiene que se le otorgaron al menos cinco contratos en entidades públicas durante el pasado cuatrienio por un valor superior a 100 millones de pesos. Según reportes de prensa, las entidades involucradas incluyen el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la primera vicepresidencia del Senado, durante el periodo en que ese cargo lo ocupó María José Pizarro. La existencia de esos contratos no basta para demostrar irregularidades: la justicia deberá revisar quiénes participaron en los procesos y si hubo intervención indebida.
Para los abogados penalistas consultados, el video sirve como indicio para confirmar una posible relación personal, no para probar un intercambio de favores por contratos. Luis Carlos Oviedo explicó que el material, analizado aisladamente, solo muestra "un encuentro íntimo entre dos personas", algo que pertenece al libre desarrollo de la personalidad, pero que puede ser la puerta para verificar conductas como los llamados "sexo-contratos". Raúl Romero del Río advirtió que la Fiscalía deberá hacer un análisis forense del archivo original, sus metadatos y las circunstancias de la grabación, y determinar si el fragmento divulgado corresponde a la totalidad del registro.
Romero del Río también señaló que, incluso si el video es auténtico, no demuestra que los contratos estatales obtenidos por Jiménez fueran contraprestación de una relación sexual. Para establecer esa conexión hay que examinar el expediente contractual completo: informes de ejecución, pagos realizados a la denunciante y comunicaciones entre funcionarios que participaron en los procesos. Daniel Palacios agregó que la difusión del video no establece responsabilidades por sí misma, y Sócrates Saavedra indicó que la autenticidad, legalidad y valor probatorio podrán ser controvertidos por la defensa durante el proceso.
La denunciante ya rindió declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y tiene pendiente la diligencia en la Fiscalía. Esa entidad deberá contrastar el testimonio de Jiménez, autenticar la grabación y reconstruir la ruta de los contratos para determinar si existió alguna contraprestación. La defensa de Petro insinuó que detrás de la difusión podría haber una estrategia para sustituir a los jueces por la opinión pública. La Fiscalía aún no define si incorporará el video al expediente.