Una sombra de incertidumbre financiera se cierne sobre uno de los proyectos legislativos más trascendentales para Colombia: la reforma a la salud. En un pronunciamiento que debería resonar con urgencia en los pasillos del Congreso, la Defensoría del Pueblo ha emitido una seria advertencia sobre la falta de claridad en la sostenibilidad fiscal de la iniciativa. ¿Avanza el país hacia un nuevo sistema de salud sin saber realmente cómo se financiará o si los recursos alcanzarán para garantizar un derecho fundamental? Esta pregunta, derivada directamente del análisis de la entidad garante de los derechos humanos, exige una respuesta contundente antes de dar pasos potencialmente irreversibles.
La preocupación central expresada por la Defensoría no es menor y apunta al corazón mismo de la viabilidad del modelo propuesto. Según el organismo, el proyecto de ley que cursa actualmente en el legislativo carece de mecanismos explícitos y detallados que aseguren su financiación a largo plazo. “Sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma. Como se dijo, no están claros los mecanismos que garantizan la sostenibilidad fiscal de la reforma y, por consiguiente, del derecho a la salud”, señala de forma inequívoca el informe presentado por la entidad. Esta omisión es crítica, pues cualquier sistema de salud, por bien intencionado que sea en su diseño, requiere una base económica sólida y previsible para operar eficazmente y cumplir con su mandato de proteger la vida y el bienestar de los ciudadanos.
El contexto en el que surge esta advertencia añade dramatismo a la situación. La Defensoría del Pueblo no solo señala la incertidumbre financiera futura, sino que también subraya una crisis presente: el constante y alarmante incremento en el número de quejas y acciones de tutela interpuestas por pacientes debido a la deficiente atención en el sistema actual. Este panorama de insatisfacción ciudadana y barreras de acceso es, paradójicamente, uno de los motores que impulsan la necesidad de una reforma. Sin embargo, la entidad parece advertir sobre el peligro de aprobar una solución que, aunque busca resolver problemas existentes, podría nacer con una debilidad estructural fatal: la falta de respaldo económico garantizado.
Ante este panorama de dudas financieras, la Defensoría no se limita a señalar el problema, sino que propone una ruta de acción concreta y prudente. Sugiere incorporar una disposición en el proyecto de ley que obligue al Departamento Nacional de Planeación (DNP) a realizar un estudio exhaustivo antes de que la reforma entre en vigor. Este análisis técnico debería incluir, como mínimo, un diagnóstico preciso sobre los costos reales que implicaría la implementación del nuevo sistema y una evaluación sincera de la capacidad financiera del Estado colombiano para asumir dicha carga presupuestal. Más importante aún, el DNP tendría la tarea de identificar de manera clara y detallada los mecanismos, las fuentes específicas de financiación y los esquemas necesarios para asegurar el funcionamiento sostenible del sistema de salud propuesto.
Esta recomendación de la Defensoría puede interpretarse como un llamado a la responsabilidad fiscal y a la planificación rigurosa. No se trata de obstaculizar la reforma per se, sino de asegurar que esta se construya sobre cimientos sólidos. Aprobar una transformación de tal magnitud sin tener certeza sobre su viabilidad económica sería, en palabras implícitas de la advertencia, una apuesta riesgosa con la salud de millones de colombianos. La sostenibilidad fiscal no es un mero tecnicismo contable; es la garantía material de que los servicios de salud prometidos en el papel puedan efectivamente entregarse en hospitales y centros de atención, que los profesionales de la salud reciban su remuneración y que los insumos y tecnologías necesarios estén disponibles.
La pelota está ahora en el tejado del Congreso. Los legisladores enfrentan la disyuntiva de avanzar rápidamente con una reforma que responde a un clamor ciudadano por mejoras en la atención, o atender la llamada a la cautela de la Defensoría, asegurando primero que el nuevo modelo sea financieramente viable. Ignorar esta advertencia podría significar, en el mediano o largo plazo, enfrentar una crisis aún mayor, donde las promesas de un mejor sistema de salud choquen contra la dura realidad de la insuficiencia de recursos. La experiencia internacional ha demostrado que las reformas sanitarias sin un respaldo fiscal claro a menudo terminan generando más problemas de los que resuelven, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables.
En conclusión, la advertencia de la Defensoría del Pueblo sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma a la salud es un elemento crítico que no puede ser soslayado. Más allá de los debates sobre el modelo de aseguramiento, la gestión de los recursos o la estructura administrativa, la pregunta fundamental sobre cómo se pagará el nuevo sistema y si ese pago es sostenible en el tiempo permanece peligrosamente sin respuesta clara en el texto actual. ¿Está el Congreso dispuesto a legislar sobre la salud de los colombianos basándose en una ecuación financiera incompleta? ¿Primará la urgencia política sobre la prudencia fiscal? La decisión que tomen los congresistas no solo definirá el futuro inmediato del sistema de salud, sino que podría determinar si Colombia avanza hacia una garantía real del derecho fundamental a la salud o hacia un nuevo ciclo de incertidumbre y crisis. La exigencia de claridad financiera no es una opción, es una obligación ineludible.