En una medida conjunta de cooperación internacional en materia de seguridad, Estados Unidos ha trasladado a más de 250 presuntos miembros de las organizaciones criminales Tren de Aragua, de origen venezolano, y la Mara Salvatrucha (MS-13) a El Salvador. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó la llegada de 238 individuos pertenecientes al Tren de Aragua, quienes fueron inmediatamente ingresados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida en el marco de la política gubernamental de lucha contra las pandillas.
La decisión, que se produce tras la invocación por parte del expresidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley que otorga amplios poderes al ejecutivo en tiempos de guerra o amenaza, busca acelerar la deportación de personas que se encuentran en situación irregular en Estados Unidos y que, a su vez, representan una amenaza. El Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, agradeció públicamente la colaboración de El Salvador, destacando la importancia de esta acción para desmantelar las redes criminales transnacionales.
El Tren de Aragua, surgido en la prisión venezolana de Tocorón, ha extendido sus operaciones delictivas a varios países de América, incluyendo Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile. Se le atribuyen delitos que van desde el narcotráfico y la extorsión hasta asesinatos y trata de personas. En febrero, el gobierno estadounidense lo designó como una organización terrorista global.
La llegada de estos presuntos criminales a El Salvador, según el presidente Bukele, no solo contribuye a la lucha contra el crimen organizado en su país, sino que también permite obtener información de inteligencia crucial para perseguir a los remanentes de la MS-13 y a sus colaboradores. Además, Bukele resaltó que la cooperación con Estados Unidos hace que el sistema penitenciario salvadoreño sea “autosostenible” y genera un ahorro para los contribuyentes estadounidenses.
El CECOT, donde serán recluidos los miembros del Tren de Aragua, es una megacárcel con capacidad para miles de reclusos, construida específicamente para albergar a pandilleros detenidos bajo el régimen de excepción implementado por Bukele. La permanencia inicial de los reclusos en esta prisión será de un año, con posibilidad de renovación.
Esta acción conjunta subraya la creciente preocupación por la expansión del crimen organizado transnacional en el continente americano y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para combatirlo. La medida, sin embargo, también plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y el debido proceso, en el contexto del régimen de excepción vigente en El Salvador.