El presidente Abelardo De La Espriella firmó la Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026, con la que su gobierno establece un mecanismo de sometimiento a la justicia ordinaria para integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales. La norma, aprobada por el Senado y la Cámara sin necesidad de conciliación porque ambas corporaciones acogieron el mismo texto, entrará en vigencia cuando el Gobierno la publique en el Diario Oficial.
La firma ocurrió en un video difundido por el mandatario en sus redes sociales, junto al ministro de Justicia y al secretario jurídico de la Presidencia. También firmaron el ministro del Interior y el ministro de Justicia, según informó el Gobierno.
La ley modifica y prorroga disposiciones de la Ley 418 de 1997, conocida como ley de orden público. Su propósito es ofrecer herramientas para desmantelar organizaciones criminales sin reconocerles estatus político ni crear una jurisdicción especial. Los procedimientos estarán a cargo de la Fiscalía y los jueces de la República.
El eje central del proyecto es la reducción de penas para quienes se acojan a la justicia y cumplan condiciones. Los integrantes de estructuras armadas podrán recibir una rebaja de hasta el 50 por ciento de sus condenas según su aporte a la verdad y reparación de las víctimas. Para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo o hayan sido cabecillas, el beneficio máximo será del 30 por ciento.
Las reducciones no son automáticas. Quedarán sujetas a compromisos adquiridos y evaluaciones de las autoridades. Quienes tengan solicitudes de extradición o hayan reclutado menores de edad no podrán acceder a beneficios.
Para recibir las rebajas, los interesados deberán abandonar las armas, suspender sus actividades ilícitas y entregar información que permita conocer el funcionamiento de las estructuras criminales. La ley exige identificar a sus integrantes, revelar los bienes que poseen y aportar datos sobre las economías ilegales que financian sus operaciones.
El proyecto también contempla obligaciones con las víctimas. Los sometidos deberán contribuir a la liberación de personas secuestradas, entregar información que permita esclarecer casos de desaparición y facilitar la entrega de menores reclutados. Otro compromiso es identificar y entregar bienes que puedan destinarse a la reparación. Con esto, el Gobierno busca que el proceso no quede solo en la entrega de armas, sino que aporte a la reparación y no repetición.
La Transformación Territorial Integral será la estrategia para coordinar acciones de seguridad, justicia, desarrollo social y fortalecimiento institucional en las regiones afectadas por los grupos armados. La intención, según el documento presentado, es que el desmantelamiento de estas estructuras esté acompañado de una mayor presencia del Estado, para evitar que otras organizaciones criminales ocupen los territorios y mantengan las economías ilegales.
De La Espriella presentó la ley como el cierre de la política de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro. Durante su campaña prometió "mano dura" contra los criminales, y este miércoles escribió en sus redes sociales que con la norma "los criminales se someten a la justicia, no el Estado a los criminales". El mandatario afirmó que se acaban los privilegios y las concesiones, y que quien delinquió tendrá que confesar sus crímenes, reparar a sus víctimas y entregar sus fortunas ilegales.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, firmó el proyecto y lo calificó como una herramienta para que el Gobierno avance en la lucha frontal contra los grupos criminales.