El gobierno peruano ha anunciado la inminente declaración del estado de emergencia en la zona metropolitana de Lima y la provincia constitucional del Callao, una medida drástica que implica el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en el control de la seguridad ciudadana. Esta decisión, comunicada por el primer ministro Gustavo Adrianzén a través de la red social X, responde a una creciente ola de violencia criminal que ha sacudido al país, incluyendo incidentes de alto impacto como el asesinato de un cantante de un conocido grupo musical de cumbia.
La declaración de emergencia, según lo expresado por Adrianzén, se formalizará en las próximas horas. Esta medida otorga a las fuerzas del orden poderes excepcionales y restringe ciertos derechos civiles, con el objetivo de restablecer el orden y la seguridad. La intervención de las Fuerzas Armadas, tradicionalmente reservadas para amenazas a la seguridad nacional, subraya la gravedad de la situación y la percepción de que la capacidad de la Policía Nacional se ha visto sobrepasada.
Además del estado de emergencia, el gobierno peruano ha anunciado otras medidas complementarias. Se ha convocado a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el organismo encargado de coordinar las políticas de seguridad a nivel nacional. Esto indica la intención de abordar la crisis de seguridad desde una perspectiva más amplia y estratégica, involucrando a diversos actores y sectores del Estado.
Otro punto clave anunciado por Adrianzén es la implementación de una “reforma integral” del sistema penitenciario del país. Este anuncio sugiere un reconocimiento de que las deficiencias en el sistema carcelario, como el hacinamiento, la corrupción y la falta de control, contribuyen a la problemática de la criminalidad, permitiendo, por ejemplo, que se dirijan operaciones delictivas desde el interior de las prisiones.
La decisión del gobierno se produce en un contexto de creciente presión política. Partidos de diversas ideologías, incluyendo Fuerza Popular, una importante fuerza política del país, habían exigido la renuncia o destitución del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, responsabilizándolo de la deteriorada situación de seguridad. Aunque el anuncio del estado de emergencia no implica directamente un cambio en la titularidad del Ministerio del Interior, sí representa una respuesta contundente a las demandas de acciones más firmes contra el crimen.
El estado de emergencia, si bien es una medida temporal, tendrá un impacto significativo en la vida cotidiana de los habitantes de Lima y Callao. Las restricciones a la libertad de movimiento y reunión, así como el aumento de la presencia militar en las calles, alterarán la normalidad de la vida urbana. La efectividad de esta medida, y su duración, dependerán de la capacidad del gobierno para controlar la situación de seguridad y abordar las causas subyacentes de la criminalidad.
En resumen, la declaración de estado de emergencia en Lima y Callao representa una escalada en la respuesta del gobierno peruano a la crisis de seguridad. La combinación del despliegue militar, la reforma penitenciaria y la convocatoria del Conasec sugiere un enfoque multifacético para enfrentar un problema complejo que ha generado una fuerte preocupación en la sociedad peruana y ha desatado una intensa presión política sobre el gobierno.