El Gobierno de Abelardo De La Espriella no prorrogará el contrato fiduciario que Fiduprevisora S. A. administra desde 1990 para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). La decisión se anunció el 30 de octubre de 2026, un día antes de que venciera el contrato 083, firmado hace 36 años.
Según informó el Ministerio de Educación, la medida se adoptó en una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fomag y da inicio a una etapa de transición de un año, prorrogable por otro periodo igual. El objetivo oficial es corregir fallas operativas y mantener la prestación de servicios de salud y el pago de prestaciones económicas a los educadores y sus familias.
El anuncio llega a 85 días del inicio del gobierno de De La Espriella. El contrato con Fiduprevisora expiraba el 31 de octubre, así que el margen para decidir era mínimo. La justificación presentada por el Ejecutivo mezcla evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras en las que participaron los ministerios de Trabajo y Hacienda, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y organismos de control.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, defendió la salida del esquema fiduciario con un argumento de responsabilidad estatal: el Fomag es el canal por el que el Estado responde por los derechos de los maestros. Según ella, corregir las falencias documentadas es una obligación del Gobierno. No precisó cuáles de esas falencias motivaron la no renovación ni si Fiduprevisora enfrentará consecuencias.
La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, agregó que los errores administrativos no deben pagarlos los afiliados. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, habló de transparencia, trazabilidad y control en el manejo de los recursos de salud docente. Los tres discursos apuntan al mismo lugar: el problema viene de tiempo atrás, pero la administración De La Espriella lo asume como propio.
La transición comienza formalmente el 1.° de noviembre de 2026. El Gobierno aseguró que durante ese lapso se protegerán los tratamientos médicos en curso, el suministro de medicamentos y el trámite de prestaciones económicas bajo las normas vigentes. Son promesas de continuidad sin mejoras inmediatas.
Para operar el cambio, el Ministerio de Educación le exigió a Fiduprevisora un plan detallado de actividades operativas. También pidió a la Superintendencia Nacional de Salud una vigilancia especial sobre las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), con el fin de certificar que la atención a los usuarios no se interrumpa. Ninguna de las dos entidades ha hecho público todavía cómo cumplirá esas tareas.
La decisión deja abierta una pregunta concreta: quién administrará el Fomag al final del periodo de transición. El Gobierno habla de corregir fallas, pero no ha definido el modelo que reemplazará a Fiduprevisora. La prórroga de la transición por otro año sugiere que el rediseño tomará tiempo, mientras los maestros siguen dependiendo de un sistema