La inversión ambiental de Colombia cayó 32 % en 2025, según el Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente (IERNA) 2025-2026 de la Contraloría General de la República. El presupuesto para el sector ambiente y desarrollo sostenible pasó de $1,44 billones en 2024 a $976.371 millones. El recorte ocurrió mientras el país acumula deficiencias para ejecutar las acciones climáticas que ya están comprometidas.
El órgano de control encontró que el gobierno de Gustavo Petro reportó ejecuciones de metas físicas superiores al 100 % en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, pero con niveles bajos de ejecución presupuestal. Para la Contraloría, esa brecha evidencia inconsistencias entre los mecanismos de medición de resultados y la asignación efectiva de recursos. Genera incertidumbre sobre el diseño y la evaluación del plan.
Las acciones climáticas revisadas carecen de un plan de acción específico, de metas verificables y de responsables institucionales claramente definidos, según el informe. A eso se suma un problema de reporte ante la comunidad internacional: los indicadores no tienen asociación directa con las metas trazadoras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y persisten rezagos en la información de 2023 a 2025.
La baja ejecución de los fondos ambientales agrava el panorama. El Fondo Adaptación, que financia proyectos de gestión del riesgo climático en zonas prioritarias, ejecutó apenas el 0,82 % de sus recursos en 2025. El Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que concentra el 74 % de la inversión del Ministerio de Ambiente, alcanzó el 52 %. El Fondo de Compensación Ambiental, que sostiene a las corporaciones autónomas regionales con menor capacidad de generar ingresos propios, llegó al 58 %.
Mientras esos fondos no movilizaban lo comprometido, las corporaciones autónomas regionales cerraron 2025 con un superávit fiscal acumulado de $1,72 billones, equivalente al 30 % de su recaudo anual. Para la Contraloría, esa cifra refleja que había recursos disponibles que no se tradujeron en inversiones oportunas para la gestión ambiental y climática.
El organismo concluyó que la ineficiencia no obedece principalmente a la falta de dinero, sino a dificultades recurrentes para materializar las inversiones en los territorios con mayor riesgo climático.
En el nivel territorial, 30 de los 32 departamentos tienen formulado un Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial. De ellos, 20 lo adoptaron formalmente y solo 13 reportan avances verificables en su implementación.
Entre 2019 y 2025 se destinaron $2,76 billones a la gestión del cambio climático. Las corporaciones autónomas regionales aportaron $1,96 billones (71 %) y las gobernaciones $807.733 millones (29 %). El 80 % de lo invertido por las corporaciones salió de recursos propios, y esos $1,96 billones representan el 20,4 % de los $9,6 billones que ejecutaron en inversión total.
La Contraloría también identificó inequidad territorial. Guainía, Guaviare y Vaupés, en la Amazonia, y Arauca, Casanare y Vichada, en la Orinoquia, tienen alta vulnerabilidad climática, pero reciben menor inversión que territorios con menos exposición al riesgo.
El informe pide fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación para hacer seguimiento a los recursos y medir el avance de las políticas climáticas desde los territorios. También reclama usar esos resultados para retroalimentar la planificación y reforzar los mecanismos que liguen el financiamiento con los resultados alcanzados en mitigación, adaptación y resiliencia climática.