Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, presentó este martes una tutela contra el Inpec para reversar su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá. Según su abogado Felipe Alzate, la decisión de la entidad adscrita al Ministerio de Justicia convierte la reclusión en una persecución política.
"La facultad del Inpec de ordenar traslados no es discrecional, caprichosa, ni puede convertirse en una forma de persecución política", sostuvo Alzate. La tutela exige que el traslado se fundamente en circunstancias probadas y razonables, como han señalado altos tribunales, y que respete el debido proceso, el derecho de defensa y la unidad familiar.
Quintero está detenido por orden de un juez de segunda instancia dentro de la investigación por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). La Fiscalía General lo señala como supuesta cabeza de un entramado que desvió seis contratos por 17.657 millones de pesos. De esa suma, 2.480 millones habrían ido a sus bolsillos.
Entre 2019 y 2023, el AMVA entregó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí contratos para capacitaciones sobre covid-19. Según la Fiscalía, ese negocio estuvo direccionado de manera irregular y detrás estaría Miguel Quintero, quien movería los hilos del Área Metropolitana sin ocupar ningún cargo. La investigación menciona como presuntos aliados a Misael Cadavid, Álvaro Villada y Laura María Mejía Higuita.
Tras la decisión judicial, el Inpec trasladó a Quintero desde Antioquia hasta Boyacá. Ese movimiento es el centro de la tutela. La defensa afirma que su domicilio, arraigo y familia están en Medellín, ciudad donde se adelanta el proceso penal. La reclusión en Cómbita lo separa de su núcleo familiar, en especial de su hija menor de edad, y lo aleja de sus abogados y de las audiencias.
La tutela también cuestiona la razón que dio el Inpec para el traslado: un supuesto riesgo de fuga. Alzate recordó que todos los jueces que conocieron la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía descartaron ese riesgo. Para la defensa, ese antecedente contradice la justificación administrativa. La distancia geográfica impuesta sin una base probatoria demostrada afecta el derecho de defensa y el debido proceso, según el recurso.
El abogado aclaró que no pide ningún beneficio para su cliente, sino garantías dentro del proceso penal. "Su apellido no puede convertirse en razón para un trato más gravoso y abiertamente indigno", dijo. La tutela confía en que la justicia constitucional restablezca esas garantías.