La Jurisdicción Especial para la Paz cambió a videoconferencia la versión voluntaria de Sandra Ramírez Lobo Silva, exsenadora y antigua integrante de las Farc. La diligencia, que estaba prevista de manera presencial a las 8:30 de la mañana del 4 de noviembre de 2026, quedó programada para la 1:00 de la tarde. La razón: la Unidad Nacional de Protección elevó su nivel de riesgo de extraordinario a extremo.
Ramírez fue citada por el Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado, así como otros hechos de violencia contra menores. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP tomó la decisión después de que la UNP emitiera la resolución MTPS 000132 de 2026.
El auto de la magistrada Lily Rueda, relatora del caso, precisa que el riesgo extraordinario reúne características como ser específico, concreto, presente, importante, serio, claro, excepcional y desproporcionado. El riesgo extremo añade una condición: que sea grave e inminente. Ese cambio en la valoración de la UNP determinó que la comparecencia no fuera presencial.
La defensa de Ramírez había solicitado que su versión se recibiera por escrito. La JEP rechazó ese camino. Para la Sala, la interacción oral es necesaria para formular preguntas, aclarar respuestas y contrastar la información. La videoconferencia fue la salida intermedia: mantiene la oralidad, pero evita el desplazamiento de Ramírez a un lugar que la UNP considera inseguro.
Los representantes de las víctimas pidieron que la audiencia fuera pública. Su objetivo era que Ramírez respondiera directamente ante ellas sobre hechos de violencia sexual que, según señalaron, ha negado sistemáticamente. La magistratura negó la transmisión y mantuvo la reserva de la diligencia. Los participantes no podrán grabar, reproducir ni divulgar su contenido.
La reserva deja por fuera la posibilidad de que las víctimas escuchen de primera mano las respuestas sobre violencia sexual, el punto que sus representantes querían hacer público. La JEP justificó la medida en las condiciones de seguridad de Ramírez, pero la tensión entre protección y escrutinio público queda abierta.
Durante la declaración, la Sala abordará preguntas presentadas por las víctimas y el Ministerio Público sobre reclutamiento de menores, estructuras de mando, violencia sexual, métodos anticonceptivos, abortos forzados y separación de madres e hijos. También buscará establecer qué conocimiento tenían los integrantes del Secretariado de las Farc sobre esos hechos y si impartieron instrucciones.
Dos representantes de víctimas podrán asistir presencialmente y formular preguntas bajo la dirección de la magistratura. La diligencia se mantiene para el 4 de noviembre, sin alterar la fecha, en un lugar que ofrezca las condiciones de seguridad necesarias.