Un kilo de oro ilegal en el Catatumbo se paga a 500 millones de pesos. Un kilo de base de coca se comercializa en cinco millones. La diferencia de cien a uno ha movido el eje de la disputa armada en la frontera con Venezuela: la minería ilegal compite hoy con el narcotráfico como principal renta de los grupos que operan entre Norte de Santander y los estados Táchira y Zulia, según una fuente de seguridad que pidió reserva.
El gobierno de Abelardo De La Espriella concentra su ofensiva en dos escenarios. El primero va del Catatumbo a Cúcuta. El segundo, en Arauca, frente al estado Apure. En ambos, las Fuerzas Militares enfrentan al Eln y a las disidencias de las Farc. Los bombardeos marcan el ritmo de la estrategia desde los primeros días del nuevo mandato.
Tres días después de la posesión del 7 de agosto, aviones atacaron posiciones del Eln en zonas rurales de Tibú y San Calixto. La operación ocurrió entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto, horas después del terremoto. Dos meses más tarde, en la madrugada del 11 de octubre, aviones Kfir y Super Tucano bombardearon un campamento del Frente 33 de las disidencias, vinculado al ala de alias Calarcá, entre Tibú y El Tarra. El saldo fue de cuatro muertos, incluida una adolescente de 16 años. El objetivo era Andrey Avendaño, cabecilla de esa estructura, que desde enero de 2025 disputa el Catatumbo con el Eln. Esa confrontación desencadenó desplazamientos y confinamientos, además de ataques contra la población.
Las tropas colombianas en el Catatumbo pasaron de 7.000 a 10.000 efectivos con la campaña militar y policial actual, según la fuente de seguridad. Del otro lado, el Eln, el clan del Golfo y las disidencias reúnen cerca de 7.000 hombres en armas entre el Catatumbo y los más de 400 kilómetros de frontera en Norte de Santander. A esa cifra se suman unas 1.500 personas en redes de apoyo, incluidas milicias urbanas del Eln señaladas por un atentado reciente en Cúcuta. En total, las estructuras ilegales superan los 8.500 integrantes, una cantidad cercana al despliegue militar. Los cuatro pasos fronterizos formales de Norte de Santander funcionan sin problemas reportados por ahora.
La explotación ilegal de oro cambió los cálculos. Según la fuente, el metal sale por la frontera hacia Venezuela y se suma al narcotráfico y la extorsión, entre otras rentas, para sostener estructuras, comprar armas y financiar redes de apoyo. En tierra, las autoridades reconocen una desventaja: minas y drones. Tras el bombardeo del 11 de octubre, la presencia de explosivos y la amenaza de ataques con sistemas no tripulados retrasaron hasta la tarde el ingreso de los investigadores al lugar de la operación, según reportes de prensa. En Arauca, a comienzos de octubre, el Ejército localizó y destruyó doce artefactos explosivos improvisados y varias rampas de lanzamiento que, de acuerdo con las autoridades, el Eln habría instalado para atacar a las tropas en zona rural de Tame.
El 19 de octubre, De La Espriella encabezó un consejo de seguridad en la Brigada 18 del Ejército y ordenó intensificar las acciones contra el Eln y las disidencias en Arauca. Informes de inteligencia citados por prensa identificaron al menos 90 áreas campamentarias del Eln en el estado Zulia. El deterioro no empezó con este gobierno. Un informe de FundaRedes publicado el 31 de marzo de 2025 documentó hechos violentos en municipios de Norte de Santander y localidades venezolanas cercanas a los pasos internacionales. Su conclusión fue una advertencia: "Los Estados siguen sin ofrecer respuestas estructurales".