El 4 de noviembre vence el plazo para que la ley de sometimiento quede aprobada y sancionada. Si el Congreso no la despacha, dos programas terminan de inmediato: la protección de testigos de la Fiscalía y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), del Ministerio del Interior. Según la información oficial, son políticas de gran calado. Se trata de la extinción de dos herramientas de seguridad y justicia por falta de trámite legislativo, no de un recorte gradual de presupuesto.
El presidente Abelardo De La Espriella reunió a su gabinete el domingo 1 de noviembre en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, ubicada en el Batallón Paraíso. La cita ocurrió después de que el Ejecutivo presentara su reforma tributaria y de ajuste fiscal, y en la antesala del pulso por la ley de sometimiento. De La Espriella publicó un video en X con un mensaje en el que anunció que trabaja sin descanso por el futuro de Colombia. La imagen de jornada laboral dominical busca mostrar un gobierno en campaña legislativa, pero el calendario no depende solo de su voluntad.
El Ejecutivo enfrenta dos frentes distintos. La ley de sometimiento tiene una fecha límite fija y consecuencias concretas si se vence. La reforma tributaria, en cambio, depende de un calendario que todavía no está asegurado y de una negociación política que ya muestra fisuras. Varios sectores respaldan la idea de recortar el Estado, pero rechazan los impuestos que propone el Gobierno. Esa diferencia define el conflicto: hay acuerdo en que debe existir un ajuste, pero no sobre quién lo paga. Esa tensión explica por qué la presentación de la reforma no garantiza su aprobación.
El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda Miguel Gómez defendieron la urgencia del plan en declaraciones recogidas por la prensa. Según ambos, el Gobierno está dispuesto a jugarse su capital político en torno al ajuste económico porque, si no actúa rápido, Colombia enfrentará una crisis económica muy profunda. La advertencia es la justificación oficial de la reforma. No detalla qué gastos se recortarían primero ni qué sectores absorberían los nuevos tributos. La mención de una crisis muy profunda funciona como presión sobre el Congreso, pero el contenido concreto de la reforma sigue siendo la pieza que define la negociación. La resistencia a los impuestos sugiere que el costo del ajuste se disputa entre quienes exigen menos Estado y quienes dependen de los programas que ese Estado financia.
El trámite legislativo añade otra capa de incertidumbre. El Ejecutivo debe defender el contenido de sus propuestas. Además, necesita que las mesas directivas y las comisiones económicas organicen los debates, voten los artículos y, si las cámaras aprueban textos distintos, logren una conciliación antes del cierre de la legislatura. Cada paso consume días que no sobran y ninguno está garantizado. Cada día perdido reduce el margen para negociar enmiendas.
La ley de sometimiento no admite esa espera. El 4 de noviembre es un corte seco. Si no hay sanción presidencial para esa fecha, la Fiscalía pierde su programa de protección de testigos y el Ministerio del Interior pierde el Fonsecon. La reunión del domingo en Barranquilla sirvió para alinear al gabinete, pero el resultado depende de un Congreso que aún no ha fijado el orden del día para una semana que arranca con el reloj corriendo.