Paraguay se encuentra al borde de una semana de significativa agitación social y política, con múltiples sectores anunciando una serie de movilizaciones coordinadas que comenzarán este martes y se extenderán por al menos tres días. Estas protestas, convocadas por una diversa gama de organizaciones civiles, sindicales, campesinas, indígenas y partidos de oposición, tienen como objetivo expresar un creciente descontento popular hacia la administración del presidente Santiago Peña, apenas unos meses después de su llegada al poder. Las calles de Asunción, y potencialmente otras partes del país, se convertirán en el escenario de reclamos que abarcan desde derechos laborales y políticas sociales hasta la distribución de la tierra y la integridad democrática.
La jornada de protestas dará inicio el martes 25 de marzo, con una convocatoria amplia que reúne a trabajadores, jubilados, comunidades indígenas, colectivos urbanos y rurales, así como a jóvenes vinculados al movimiento Cruzada Nacional. El punto de convergencia será la emblemática Plaza de Armas, situada frente al Palacio Legislativo en Asunción. Los manifestantes planean alzar su voz contra lo que describen como sistemáticas violaciones a las leyes laborales, la persistencia del nepotismo en las estructuras gubernamentales, un palpable abandono del sistema de salud pública y una serie de otras políticas consideradas perjudiciales para la ciudadanía. Figuras como Billy Vaesken han utilizado las redes sociales para animar la participación, particularmente de la juventud, enfatizando la búsqueda de un trabajo digno y una educación de calidad como motores de la movilización, reflejando una profunda insatisfacción con las oportunidades actuales.
El miércoles 26 de marzo está programada la denominada “Gran Marcha Nacional, Unidos por Paraguay”. Esta manifestación, impulsada por diversos partidos políticos de la oposición, busca unificar fuerzas en rechazo a las políticas del gobierno actual. El lema central girará en torno a la defensa de los “derechos pisoteados” bajo la administración de Peña, así como la protección de la libertad, la democracia y la justicia social. Se espera que esta marcha congregue a una base política más definida, sumándose al malestar general expresado por los grupos sociales el día anterior. La convergencia de actores políticos y sociales en días consecutivos subraya la amplitud del frente opositor que se está configurando contra el gobierno.
El tercer día de movilizaciones, el jueves 27 de marzo, estará protagonizado por la tradicional marcha campesina e indígena, organizada por la Federación Nacional Campesina (FNC) y otros movimientos originarios. En su 31ª edición, esta marcha anual se desarrollará bajo el lema “Por la tierra, producción y contra todas las injusticias”. Las demandas centrales incluirán la exigencia de una reforma agraria integral, una distribución más equitativa de la tierra y una mayor atención estatal hacia los pequeños productores agrícolas, quienes a menudo se sienten marginados por las políticas macroeconómicas. Además, la FNC ha expresado su intención de denunciar los continuos desalojos de tierras que afectan a comunidades campesinas e indígenas. La organización campesina enmarca sus reclamos en un contexto político que perciben como de creciente autoritarismo, corrupción, impunidad y la preocupante influencia de la narcopolítica en las instituciones estatales, tal como lo han comunicado públicamente. El apoyo a estas movilizaciones también proviene del sector sindical; el Frente Sindical y Social ha manifestado su respaldo a la marcha del martes, denunciando las “humillantes políticas de saqueo y precarización” que, según afirman, afectan a la población en general.
Analistas políticos, como el investigador Abel Irala, ofrecen una perspectiva sobre las raíces de este descontento. Irala señala una aparente incapacidad o falta de voluntad por parte del presidente Peña y su gobierno para establecer un diálogo constructivo con los sectores populares y sociales. Sostiene que la cómoda mayoría parlamentaria obtenida por el oficialismo en las últimas elecciones ha permitido a Peña impulsar su agenda, caracterizada como neoliberal, sin necesidad de buscar consensos amplios. Este enfoque, según el analista, ha generado un malestar generalizado que explica la diversidad de organizaciones y consignas presentes en las convocatorias. La multiplicidad de reclamos, desde cuestiones laborales hasta la reforma agraria, se aglutinaría bajo un rechazo común a la dirección económica y política del gobierno.
El momento elegido para estas protestas no es casual. Coinciden con un nuevo aniversario del “Marzo paraguayo”, un término que evoca una de las crisis políticas más graves de la historia reciente del país. A finales de marzo de 1999, el asesinato del entonces vicepresidente Luis María Argaña desencadenó una ola de protestas masivas sin precedentes en Asunción, que culminaron con la renuncia del presidente Raúl Cubas Grau. La represión de aquellas manifestaciones dejó un saldo trágico de al menos siete muertos y cientos de heridos, marcando profundamente la memoria colectiva paraguaya. La elección de esta fecha para las movilizaciones actuales parece buscar conectar el descontento presente con un legado histórico de resistencia ciudadana frente a abusos de poder y crisis institucionales.
Además, la memoria reciente también incluye las manifestaciones de marzo de 2017. En aquella ocasión, la ciudadanía se movilizó enérgicamente contra un intento de enmienda constitucional promovido por el entonces gobernante Partido Colorado. Dicha enmienda buscaba habilitar la reelección presidencial, lo que permitiría al entonces mandatario, Horacio Cartes (mentor político de Santiago Peña), postularse para un segundo periodo consecutivo. Las protestas incluyeron el incendio de una parte del edificio del Congreso y generaron una fuerte tensión política que finalmente obligó a retirar la propuesta de enmienda. Estos antecedentes históricos, tanto el de 1999 como el de 2017, sirven como telón de fondo para las protestas de esta semana, subrayando una tradición de movilización ciudadana en momentos percibidos como críticos para la democracia y los derechos sociales en Paraguay.
En conclusión, Paraguay se enfrenta a tres días de intensas movilizaciones que reflejan una profunda y multifacética oposición al gobierno de Santiago Peña. La confluencia de trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, jubilados y partidos políticos opositores, cada uno con sus propias demandas pero unidos en su crítica a la administración actual, sugiere un nivel significativo de descontento social. Las acusaciones de políticas neoliberales perjudiciales, falta de diálogo, nepotismo, abandono de servicios esenciales como la salud, y la lucha por la tierra y los derechos laborales constituyen el núcleo de los reclamos. La elección de fechas conmemorativas de crisis pasadas añade una carga simbólica a las protestas. El desarrollo de estas jornadas y la respuesta del gobierno serán cruciales para determinar el rumbo político y social del país en los próximos meses, poniendo a prueba la capacidad de la administración Peña para gestionar el disenso y responder a las demandas ciudadanas en un clima de creciente tensión.