Han pasado 41 años desde que una guerra de 27 horas estalló en plena plaza de Bolívar, el corazón de la institucionalidad colombiana. Ni la justicia ordinaria ni la Jurisdicción Especial para la Paz han fijado responsabilidades definitivas por uno de los peores episodios del conflicto interno, ni han aclarado la suerte de quienes siguen desaparecidos.
La JEP asumió el expediente, pero no ha aportado mayores luces. La probabilidad de hallar nuevas pruebas se reduce cada año. La verdad que el país espera depende ahora, casi inexorablemente, de tardíos relatos de conciencia de quienes aún viven entre los protagonistas. Por un lado, los asaltantes del M-19, que no respetaron vidas de civiles. Por otro, los militares de la retoma, que violaron las normas mínimas del derecho internacional humanitario en su afán por recuperar el Palacio y asestarle al M-19 una derrota definitiva.
Los líderes de esa guerrilla que firmaron la paz en 1990, encabezados por el fallecido exconstituyente Antonio Navarro Wolff, pidieron perdón por la hecatombe. Sin embargo, nunca hubo de su parte un intento serio por aportar verdad en capítulos tan oscuros como la posible participación de Pablo Escobar en el plan que casi aniquiló a la Corte Suprema, la defensora de la extradición en ese momento. Ese capítulo, que involucraría al narcotráfico, sigue sin una investigación judicial a fondo.
La exaltación de la lucha armada del M-19 que hizo Gustavo Petro durante su gobierno hizo aún más gravosa esa omisión. El elogio presidencial al terrorismo guerrillero contrasta con la ausencia de verdad sobre los hechos. Esa postura oficial dificulta que el Estado exija a los exguerrilleros lo que no está dispuesto a reconocer en su propia narrativa.
Del lado militar, los altos mandos de la época, muchos ya fallecidos, nunca reconocieron la menor responsabilidad en una operación que, como dictaminó la justicia, no tuvo como prioridad defender la vida de los rehenes y desconoció órdenes dadas por el entonces presidente de la República. La retoma se ejecutó con una lógica de aniquilamiento, no de rescate.
El coronel retirado Alfonso Plazas Vega, hoy reencauchado en la diplomacia, fue tal vez el único de esos mandos que abrió un resquicio a la revisión crítica de la operación militar. Plazas dijo que, para él, la única desaparición comprobada era la de la guerrillera Irma Franco, y apuntó al entonces jefe del B-2 de inteligencia, el coronel Edilberto Rubiano. Esa declaración, lejos de cerrar el caso, dejó en evidencia que incluso entre los responsables subsisten versiones encontradas sobre qué pasó con los desaparecidos.
El aniversario llega otra vez sin sentencias que nombren responsables de las desapariciones ni que aclaren el destino de quienes siguen sin aparecer. Con los protagonistas envejeciendo o muriendo, y con la JEP y la justicia ordinaria sin avances sustanciales, el tiempo para obtener verdad se agota. La plaza de Bolívar sigue esperando una respuesta que ninguna institución ha dado en 41 años.