La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a Pablo Catatumbo Torres Victoria, exjefe de las extintas Farc y senador de Comunes hasta 2026, 64 hechos dentro de un universo de más de 400 que dejaron más de 1.000 víctimas en Huila, Tolima y Quindío. La decisión, con ponencia de la magistrada Marcela Giraldo, lo señala como máximo responsable por liderazgo y coautor mediato de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos desplazamiento forzado, homicidio, ataques contra la población civil, no dar cuartel, asesinato, persecución y desaparición forzada.
Uno de los hechos documentados es el asesinato de Ángela Yesenia Briñez Ballesteros, personera municipal de Roncesvalles, Tolima, de 23 años. El 11 de julio de 2002, hombres del frente 21 de las Farc interceptaron el bus en que viajaba entre Ibagué y Roncesvalles, en la vereda San Pedro, zona rural de Rovira. La obligaron a bajar junto a Elizabeth Obando Murcia, distribuidora del diario El Nuevo Día. Verificaron sus identidades, dejaron seguir al resto de pasajeros y les dispararon. Briñez murió en el lugar; Obando, dos días después, en el hospital Federico Lleras.
Según la JEP, Briñez denunciaba violaciones de derechos humanos, se oponía a que la guerrilla manipulara la entrega de auxilios del Estado y asesoraba a víctimas para que acudieran a la justicia. La organización ya había enviado comunicados exigiendo su renuncia. Sus familiares afirman que ese día viajaba precisamente a radicarla.
La Sala imputó a Catatumbo como coautor por dominio funcional de homicidio, asesinato y persecución, al considerar que participó en la planeación de ese crimen antes de asumir la coordinación del Comando Conjunto Central. La magistrada Giraldo explicó que se imputan sobre todo patrones de macrocriminalidad, no hechos aislados. Catatumbo fue el último coordinador del Comando ante el secretariado, entre 2011 y 2016, cuando la estructura ya estaba diezmada por la guerra.
Testimonios de ex-Farc citados en la decisión ubican a Catatumbo cerca del casco urbano hacia 2000 y comienzos de 2001, reuniéndose con ganaderos para fijar el llamado “impuesto para la paz”. Jhon Jairo Oliveros, entonces encargado de recaudar esos recursos, confirmó la reunión, describió el temor de los asistentes y la calificó de extorsión.
El expediente también registra el atentado con explosivos contra el establecimiento Superdescuentos Casa Mía, en Chaparral, en diciembre de 2011, luego de que sus propietarios se negaran a pagar. Documenta desplazamientos forzados en 2012 y 2013 y la persecución de presuntos colaboradores del enemigo, incluidos familiares de integrantes de la Fuerza Pública. El 30 de agosto de 2013, integrantes del frente 21 vestidos de civil detonaron explosivos al paso de una patrulla del Ejército en Rioblanco y dispararon contra el soldado Hoover Ney de Jesús Gañán cuando ya estaba herido e intentaba huir. El 2 de mayo de 2014, un ataque contra una torre de alta tensión en Chaparral dejó sin energía a más de 200.000 personas en seis municipios del sur del Tolima. Entre 2012 y 2015, estructuras del Comando instalaron minas antipersonales cerca de viviendas y caminos.
El patrón se repite con víctimas civiles. Édgar Ferney Cagua Cubillos, comerciante de aguacates, fue asesinado en Icononzo cuando viajaba a celebrar el Día de la Madre con su familia; lo señalaron de colaborar con paramilitares o con la Fuerza Pública por su corte de cabello. A una mujer en Rioblanco la presionaron en 2008 para confeccionar prendas militares; ante su negativa, amenazaron con llevarse a su hija de ocho años, y huyó con la niña escondida en un costal.
Catatumbo negó en versión escrita haber coordinado el Comando ante el secretariado. Acepta un mando directo sobre unidades de esa estructura solo entre enero de 2012 y abril de 2013, al frente del bloque Occidental “Alfonso Cano”. Henoc Capera, otro imputado, contó que para una emboscada contra la Policía el Estado Mayor del frente consultaba a tres superiores, entre ellos Catatumbo, “el que más cerca estaba de nosotros”, y que uno de ellos ordenaba “hacerla o no hacerla”.
Los nueve imputados tienen 20 días hábiles para reconocer los hechos. Si lo hacen, recibirán sanciones sin cárcel; si no, serán acusados y, de ser hallados responsables, podrían pagar hasta 20 años de prisión.
La decisión se armó con 54 informes de víctimas, más de 1.000 víctimas acreditadas, 60 intervenciones ante la Sala y 44 carpetas de archivo periodístico. En la justicia ordinaria solo el 10 por ciento de los casos llegó a sentencia. La magistrada advirtió que esa verdad sigue en riesgo: en septiembre fue asesinado Gerardo Moreno, compareciente del caso que aportaba información en las versiones voluntarias, y otros tienen amenazas contra ellos y sus familias. “Con ellos se pierde una verdad”, dijo.