Al menos 19 personas murieron en el bombardeo de un campamento del ELN en el estado venezolano de Apure, cerca de la frontera con Colombia. La operación, atribuida a las Fuerzas Armadas de Venezuela, se ejecutó en la madrugada del viernes con helicópteros artillados y drones contra una zona boscosa próxima al caserío Buena Vista del Meta, un poblado de unos 1.000 habitantes que limita con Vichada.
Juan Francisco García, coordinador de la ONG Fundaredes, explicó que el viernes se trasladaron nueve cuerpos a San Fernando, capital de Apure, y el sábado llegaron otros diez. Hasta el cierre, las autoridades venezolanas no se habían pronunciado ni se conocían las identidades de los fallecidos.
Una fuente militar citada por AFP aseguró que los preparativos comenzaron un mes antes y que Estados Unidos proporcionó inteligencia y mapeo del terreno. El ataque sorprendió a los integrantes de la estructura armada, que no tuvieron tiempo de reaccionar, y las autoridades continuarían el rastreo de otros campamentos.
Para Hugo Acero, experto en seguridad, este es el primer bombardeo de las Fuerzas Armadas venezolanas contra el ELN desde la llegada del chavismo al poder. Acero vinculó la operación con la presión del gobierno de Estados Unidos sobre la administración de Delcy Rodríguez para enfrentar a las organizaciones criminales colombianas. Recordó que además del ELN operan en Venezuela disidencias de las Farc, entre ellas las asociadas a Iván Márquez, señaladas por la Fiscalía por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.
La operación coincide con el cambio en la relación entre Caracas y Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina. El secretario de Estado Marco Rubio se reunió el domingo con el canciller venezolano Oliver Blanco y advirtió sobre la necesidad de desmantelar los campamentos de grupos armados colombianos en Venezuela.
Desde Colombia, el gobierno de Abelardo De La Espriella ha realizado seis bombardeos desde el 7 de agosto. Dos se concentraron en el Catatumbo: el 10 de agosto contra el ELN en Tibú y San Calixto, y el 11 de octubre contra el Frente 33 de las disidencias en límites entre Tibú y El Tarra. Las demás operaciones apuntaron a Guaviare, Nariño y zonas del Clan del Golfo.
Walter Arévalo Ramírez, director de la especialización en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, sostuvo que Venezuela tiene la obligación de ejercer control sobre su territorio y evitar que el ELN lo use como refugio, independientemente de las exigencias de Washington. A su juicio, la presión militar colombiana y las exigencias de Rubio parecen estar moviendo la neutralidad de sectores de la Fuerza Armada venezolana frente a esa guerrilla.
La frontera tiene 2.219 kilómetros. En Apure, ganaderos han denunciado durante años la apropiación de fincas, extorsiones y robos atribuidos al ELN. Del lado colombiano, estructuras como el Frente Domingo Laín en Arauca y otras unidades en Norte de Santander mantienen capacidad de presión armada mediante secuestros y ataques contra la Fuerza Pública.
Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, señaló que el uso de la aviación militar contra organizaciones armadas en Venezuela ya se había registrado contra disidencias de las Farc. Sin embargo, tras la captura de Maduro se registraron dos bombardeos contra el ELN, y el de Apure es el más contundente por el número de víctimas. Trejos afirmó que la presión armada contra el ELN ahora será binacional y que Washington podría tener interés en los recursos mineros que esa guerrilla controla en el suroccidente venezolano.
La participación estadounidense reactiva el debate sobre cooperación militar regional. Washington impulsó el Escudo de las Américas, al que Colombia adhirió en agosto; Venezuela no forma parte. En junio, un bombardeo atribuido al Comando Sur en el sur de Venezuela acabó con la vida de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, máximo jefe del Tren de Aragua, en Las Claritas, estado Bolívar.
El saldo reportado es de al menos 19 muertos y no hay versión oficial del gobierno venezolano. La continuidad del rastreo y nuevas acciones militares definirán si el bombardeo de Apure fue un operativo aislado o el inicio de una política distinta de Caracas frente a las organizaciones armadas colombianas.