La madrugada del 11 de octubre, aviones Kfir y Super Tucano bombardearon un campamento del Frente 33 de las disidencias de las Farc en una zona entre Tibú y El Tarra, Norte de Santander. Murieron cuatro personas, entre ellas una adolescente de 16 años. El objetivo declarado era Andrey Avendaño, cabecilla de esa estructura, que desde enero de 2025 pelea contra el Eln por el control del Catatumbo.
La operación se suma a la primera ofensiva aérea del gobierno de Abelardo De La Espriella, ejecutada entre el 10 y el 11 de agosto, apenas tres días después de la posesión presidencial. Ese ataque golpeó posiciones del Eln en zonas rurales de Tibú y San Calixto, horas después del terremoto que sacudió al país.
Según una fuente de seguridad citada por medios, el despliegue de tropas en el Catatumbo pasó de 7.000 a 10.000 uniformados con la campaña militar y policial en curso. La cifra se acerca a la de los grupos armados: cerca de 7.000 combatientes del Eln, el clan del Golfo y las disidencias de las Farc operan entre el Catatumbo y la franja limítrofe de Norte de Santander, que supera los 400 kilómetros. A ellos se suman unas 1.500 personas en redes de apoyo, incluidas milicias urbanas del Eln señaladas por un atentado reciente en Cúcuta. En total, más de 8.500 integrantes de estructuras ilegales frente a un contingente militar similar.
Los cuatro pasos fronterizos formales de Norte de Santander funcionan sin problemas por ahora. La confrontación se concentra en zonas rurales, donde la disputa territorial incluye una economía ilegal reorientada. Una fuente de seguridad consultada por medios priorizó el oro frente al narcotráfico: un kilogramo de oro extraído ilegalmente en el Catatumbo puede pagarse a 500 millones de pesos, mientras que uno de coca se comercializa en unos cinco millones. La proporción es de cien a uno, aunque se trata de mercados distintos. Ese margen convirtió la minería ilegal en una fuente de ingresos para controlar zonas de explotación, rutas de transporte y pasos hacia Venezuela. Cantidades de oro obtenidas ilegalmente ya salen por la frontera hacia territorio venezolano, según la información de seguridad.
La capacidad de bombardear convive con dificultades en tierra. Después del bombardeo del 11 de octubre, la presencia de minas y la amenaza de ataques con drones retrasaron hasta horas de la tarde el ingreso de los investigadores al lugar. En Arauca, a comienzos de octubre, unidades del Ejército localizaron y destruyeron doce artefactos explosivos improvisados y varias rampas de lanzamiento que, según las autoridades, habrían sido instaladas por el Eln para atacar a las tropas en zona rural de Tame.
Arauca entró en una nueva fase de intervención con el consejo de seguridad que el presidente De La Espriella encabezó el 19 de octubre en la Brigada 18 del Ejército. Allí ordenó intensificar las acciones contra el Eln y las disidencias de las Farc. La presencia de estructuras armadas en Venezuela condiciona esas operaciones: informes de inteligencia conocidos por la prensa identificaron al menos 90 áreas campamentarias del Eln en el estado Zulia.
El deterioro de la seguridad no comenzó con este gobierno. Un informe de FundaRedes publicado el 31 de marzo de 2025 documentó hechos violentos en municipios de Norte de Santander y localidades venezolanas cercanas a los pasos internacionales. La advertencia de la organización fue directa: “Los Estados siguen sin ofrecer respuestas estructurales”.