Cuatro personas murieron, entre ellas una bebé de dos meses, y entre quince y diecisiete resultaron heridas la noche del domingo 1.° de noviembre cuando una volqueta cargada con explosivos detonó en el barrio Aeropuerto de Planadas, Tolima, a pocos metros de la base militar del municipio. El ataque, que según versiones preliminares incluyó drones con artefactos explosivos, dejó además el hospital con daños y viviendas destruidas.
El atentado se suma a una cadena de ataques que las autoridades del Tolima describen como una línea de violencia sostenida y no como hechos aislados. Desde el 18 de julio, la Gobernación había advertido sobre posibles afectaciones a la Fuerza Pública en Planadas, Ataco y Chaparral. Trece días después, el 1 de agosto, dos subintendentes de la Policía, Yeiferzon Meneses Aranda y Edinson Cuesta Pizarro, fueron asesinados en una emboscada con fusiles en Santiago Pérez, zona rural de Ataco. La gobernadora Adriana Matiz señaló a las disidencias de las Farc con base en información preliminar y ofreció 100 millones de pesos de recompensa por los responsables.
El 9 de agosto, en Rioblanco, grupos armados atacaron con drones cargados de explosivos la Alcaldía municipal y dispararon cerca de la estación de Policía. Ese mismo mes, en Planadas, el Ejército reportó el lanzamiento de dos granadas desde drones contra el Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo. El 22 de agosto, un patrullero de la Policía fue asesinado en la vía Espinal–Girardot. Tres días después, un ataque con drones en Ataco dejó un soldado herido. El 30 de agosto, también en Ataco, drones lanzados de forma simultánea contra la estación de Policía y un vehículo que transportaba un escuadrón de Carabineros hirieron a dos uniformados.
Tras ese último ataque, Matiz rechazó la idea de hechos aislados y sostuvo que los grupos criminales intentan imponer una línea de violencia en el Tolima desde el 1 de agosto.
El uso de drones con explosivos se convirtió en una de las principales preocupaciones de seguridad del país. Según cifras de la Fuerza Pública, entre 2024 y octubre de 2026 se registraron 442 ataques de este tipo, 244 de ellos en el Cauca. Las autoridades atribuyen la mayor parte a las disidencias de las Farc.
La Fiscalía ha puesto la atención sobre las finanzas de estos grupos: la minería ilegal mueve en el Tolima más de 200.000 millones de pesos al año y financiaría a las disidencias.
El atentado en Planadas ocurrió pocos días después de que la gobernadora advirtiera sobre el deterioro de la seguridad en el sur del departamento y reclamara acciones urgentes al Gobierno Nacional. El 28 de octubre, Matiz aseguró que en tres días cuatro personas habían sido asesinadas y otras tres estaban desaparecidas en esa región. “Esto es una masacre. Estamos regresando a épocas infames que creíamos superadas”, manifestó.
Matiz señaló que las versiones preliminares apuntaban a la minería ilegal en municipios como Ataco y Chaparral como fuente de financiación de estructuras criminales. La gobernadora cuestionó la falta de resultados frente a los grupos y pidió al presidente y al ministro de Defensa militarizar Ataco y los corredores del sur, reforzar la fuerza pública y devolver la Fuerza de Despliegue Rápido al Tolima. “Si no pisábamos el acelerador con acciones contundentes de la fuerza pública y control territorial, íbamos a regresar a épocas nefastas”, advirtió.
El mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Ejército, calificó el atentado como un “cobarde atentado terrorista” y ordenó la intensificación inmediata de las operaciones militares en todo el departamento. “Los soldados de la sexta brigada del Ejército mantendrán la ofensiva en el territorio y no descansarán ni darán un solo paso atrás hasta dar con el paradero de los responsables”, puntualizó.